El conflicto entre el Gobierno e YPF se acentuó ayer sumando un nuevo antecedente para la decisión que se estudia a nivel oficial sobre el futuro de la petrolera.
El directorio de la empresa rechazó la propuesta del representante del Estado, Roberto Baratta, para formar un fondo destinado a exploración y desarrollo con las ganancias no asignadas.
Por el contrario, la mayoría -constituida por la española Repsol y el grupo que preside Enrique Eskenazi- ofreció proponer a la próxima asamblea de accionistas capitalizar la suma de $ 5.789 millones, que representan el 91,125% de las utilidades de 2011 y remanentes de 2010. Según informó la compañía en un comunicado, la decisión implica «mantener en la propia compañía -y en el país- esos beneficios».
En tanto, el viceministro de Economía, Axel Kicillof, dijo que el encuentro tuvo «un resultado negativo», y dejó abierta la sospecha de una «maniobra especulativa». Según fuentes de la empresa, la capitalización de los dividendos implica un aumento del capital social que le dará más posibilidades de obtener financiamiento para los proyectos de inversión.
Pero implica también una revalorización de la petrolera, lo que explica el salto del 9% que dio ayer la acción en la Bolsa de Buenos Aires, y un aumento en el precio que debería pagar el Estado en caso de que se decida una compra de acciones. Tras la reunión de directorio, que fue presidida por el titular de Repsol, Antoni Brufau, YPF también informó que la previsión de inversiones para 2012 es de $ 15.000 millones con un aumento del 12,8% con relación a lo invertido en el año anterior.
Según el comunicado, esa cifra representa un «récord en la historia de la compañía» y «superará además los $ 13.300 millones que se destinaron en 2011 para exploración, producción, refinación y desarrollo» de hidrocarburos en la Argentina. YPF destacó que la decisión adoptada por el directorio «no genera giro de divisas al exterior ni demanda la compra de dólares en el mercado local, y, al incrementar el capital social de la compañía, la vuelve más sólida para afrontar los desafíos de inversión».
Baratta concurrió al directorio de YPF acompañado por el secretario de Energía, Daniel Cameron, y el viceministro de Economía, Axel Kicillof. Este último fue el que habló tras el encuentro. Dijo que «hubo una fuerte controversia con la dirección de la compañía» debido a que no tomó en cuenta la propuesta del Estado de crear una «reserva de inversiones» con las utilidades de los dos últimos años y que como contrapartida propusieron no repartir dividendos y utilizar esos fondos para capitalizar la empresa.
Según Kicillof, «ellos proponen que las utilidades se conviertan en acciones en proporción a la tenencia de cada uno de los accionistas. Este papel es muy líquido, cotiza incluso en la Bolsa de Nueva York y tranquilamente esos papeles pueden convertirse en esos dólares que se habrían fugado ahora». El funcionario, en una conferencia de prensa brindada en la puerta de la sede de YPF junto a Baratta y Cameron, enfatizó que la empresa no habló de anclar esos fondos, de fondearlos para que se conviertan en más pozos, en más producción. «Esa respuesta no la dieron», remarcó el viceministro de Economía. Insistió en que el Gobierno le reclama a YPF «un claro, taxativo y preciso plan de inversiones» para la empresa, de manera de revertir la caída de producción que registró la compañía durante los últimos años.
Kicillof explicó que el director en representación del Estado «le había expresado al directorio su opinión de que la empresa no debía distribuir las ganancias sino destinarlas a un plan agresivo de inversión para revertir el desabastecimiento». En lugar de eso, dijo Kicillof, «lo que propuso la empresa fue capitalizar la compañía, lo que quiere decir en pocas palabras emitir nuevas acciones y distribuírselas a los dueños». Afirmó también que «hasta podría tratarse de una maniobra especulativa porque genera cambios en el valor de las acciones».
Por último, anticipó: «Vamos a seguir actuando con la mayor seriedad, abiertamente para que esto se modifique y con todos los canales, todas las medidas, todos los instrumentos que tienen a su disposición el Estado nacional y los provinciales». Por ahora no se sabe cuál es la alternativa que decidirá el Gobierno de Cristina de Kirchner.
