Perú tiene más de 6.000 pozos petroleros abandonados y contaminantes, y 270 de ellos constituyen un peligro grave. Pero el gobierno todavía no ha elaborado un inventario para identificarlos y proceder a su limpieza y sellado, pese a una ley que lo obliga desde 2007.
Si se cuentan los pozos petroleros mal abandonados, hay más de 6.000 pasivos ambientales del sector hidrocarburos, dijo a Tierramérica el ingeniero Jorge Villar, del Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin).
A tal estimación llegó Osinergmin en diciembre de 2010 luego de visitar durante dos años la mayoría de esos sitios abandonados, que se encuentran principalmente en las regiones de Piura, extremo noroccidental, y de Loreto, en la norteña Amazonia. Esos pozos quedaron como pasivos ambientales de actividades de extracción de petróleo y gas realizadas entre 1863 y 1993, cuando aún no existían normas que exigieran a los titulares de las concesiones un abandono responsable de cada instalación. De esos viejos pozos mal abandonados, 269 entrañan un peligro importante y deben ser remediados cuanto antes, según Villar. La mayoría de estos se encuentran en la costa norte, y unos 50 –que aún no fueron visitados– en la Amazonia.
La empresa estatal de combustibles Petroperú trabajó en remediar una parte de esos 6.000 pozos, entre los que figuraba un grupo peligroso que contaminaba desde 1945 las aguas del lago Titicaca, en el sudeste del país. En mayo de 2008, a uno de los pozos contaminantes del Titicaca, en la zona de Ahuallane- Pirín, se le selló su abertura superficial y las tuberías del subsuelo para evitar filtraciones, dijo Villar.
Sin embargo, Villar también precisó que Petroperú no concluyó con la labor encomendada. Y la mayoría de esos pasivos ambientales solo podrán remediarse cuando se publique el inventario que exige la ley 29.134. La Ley que Regula los Pasivos Ambientales del Subsector Hidrocarburos, aprobada en octubre de 2007, dispuso la realización del inventario de esos sitios y los pasos para que los concesionarios privados o el Estado los remedien. El reglamento de la norma solo se emitió en febrero de 2011. Y debido a cambios institucionales y legales, la ejecución del inventario quedó en un vacío, sujeta a disputas de distintas reparticiones.
